Del Viernes, 22 de Agosto de 2025 al Martes, 23 de Septiembre de 2025

Decenas de casos en toda Castilla y León
Más de medio centenar de empresas locales se podrían quedar sin las ‘ayudas COVID’ si el Ayuntamiento de Sahagún no pasa el filtro de la Junta
Invasión de competencias
Más de medio centenar de empresas locales se podrían quedar sin las ‘ayudas COVID’ de 400 euros lanzadas en julio por el Ayuntamiento de Sahagún si la Administración local no pasa el filtro de la Junta. Y es que, el Gobierno regional ha remitido una carta a decenas de municipios de Castilla y León (Sahagún entre otros) que habían anunciado ayudas a sus empresarios para amortiguar los efectos económicos de la pandemia advirtiendo de dos condicionantes antes de poder otorgar ayudas.
El argumento usado por la Junta de Castilla y León es que estas subvenciones que muchos alcaldes han anunciado en sus municipios (Sahagún en el sureste leonés) pueden suponer una invasión de competencias, por lo que no podrían desarrollarlas. Además, el Ejecutivo usa la conocida como Ley Montoro -Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera- para reforzar su posición y negar la posibilidad de conceder ayudas si no se cumple en su totalidad.
Una de las estrategias de los alcaldes durante la grave crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y el parón ocasionado por el confinamiento del Estado de Alarma ha sido la concesión de ayudas directas a Pymes y autónomos para que puedan sobrevivir. Muchos consistorios han tirado de los fondos no gastados en este año, como los destinados a fiestas y actividades culturales o deportivas, que no se han celebrado.
Pero la aprobación de este tipo de ayudas directas está sujeta a dos informes según ha determinado la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia de supervisión financiera de los entes locales.
Por una parte, la solicitud de aprobación de las ayudas debe cumplir el marco competencial, mediante un informe de la Consejería de Presidencia que evalúe la inexistencia de duplicidades y "la necesidad de observar los ámbitos competenciales respectivos por las administraciones locales en el ejercicio de políticas para hacer frente a los efectos económicos y sociales provocados por la declaración del Estado de Alarma".
Por otro lado, hay que cumplir la sostenibilidad financiera que señala la Ley Montoro. Para ello la Consejería de Economía y Hacienda elabora un informe que analiza los puntos como endeudamiento, regla de gasto o periodo de pago a proveedores. Si no se cumplen todos, aunque el Ayuntamiento haya ahorrado dinero este año, no se concederá autorización para otorgar las ayudas. La Ley Montoro señala que el dinero no gastado en un ejercicio debe destinarse a pagar deuda o bien queda como remanente no disponible.
En definitiva, sólo los ayuntamientos con una situación económica muy saneada podrían conceder estas ayudas, siempre y cuando la Junta no considere que invaden sus competencias. Cualquier tipo de ayuda está condicionada no sólo a la voluntad política del alcalde de turno, sino a la autorización final del Gobierno autonómico.
En el caso de Sahagún, la convocatoria de ayudas se aprobó a principios de julio y han sido un total de 64 el número de empresarios solicitantes. Cada ayuda es de 400 euros si bien podría llegar hasta los 500 si se justifica haber invertido el dinero en compras y servicios asociados a empresas locales.
![[Img #21467]](http://sahagundigital.com/upload/images/09_2020/3938_ayudas.jpg)
Más de medio centenar de empresas locales se podrían quedar sin las ‘ayudas COVID’ de 400 euros lanzadas en julio por el Ayuntamiento de Sahagún si la Administración local no pasa el filtro de la Junta. Y es que, el Gobierno regional ha remitido una carta a decenas de municipios de Castilla y León (Sahagún entre otros) que habían anunciado ayudas a sus empresarios para amortiguar los efectos económicos de la pandemia advirtiendo de dos condicionantes antes de poder otorgar ayudas.
El argumento usado por la Junta de Castilla y León es que estas subvenciones que muchos alcaldes han anunciado en sus municipios (Sahagún en el sureste leonés) pueden suponer una invasión de competencias, por lo que no podrían desarrollarlas. Además, el Ejecutivo usa la conocida como Ley Montoro -Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera- para reforzar su posición y negar la posibilidad de conceder ayudas si no se cumple en su totalidad.
Una de las estrategias de los alcaldes durante la grave crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y el parón ocasionado por el confinamiento del Estado de Alarma ha sido la concesión de ayudas directas a Pymes y autónomos para que puedan sobrevivir. Muchos consistorios han tirado de los fondos no gastados en este año, como los destinados a fiestas y actividades culturales o deportivas, que no se han celebrado.
Pero la aprobación de este tipo de ayudas directas está sujeta a dos informes según ha determinado la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia de supervisión financiera de los entes locales.
Por una parte, la solicitud de aprobación de las ayudas debe cumplir el marco competencial, mediante un informe de la Consejería de Presidencia que evalúe la inexistencia de duplicidades y "la necesidad de observar los ámbitos competenciales respectivos por las administraciones locales en el ejercicio de políticas para hacer frente a los efectos económicos y sociales provocados por la declaración del Estado de Alarma".
Por otro lado, hay que cumplir la sostenibilidad financiera que señala la Ley Montoro. Para ello la Consejería de Economía y Hacienda elabora un informe que analiza los puntos como endeudamiento, regla de gasto o periodo de pago a proveedores. Si no se cumplen todos, aunque el Ayuntamiento haya ahorrado dinero este año, no se concederá autorización para otorgar las ayudas. La Ley Montoro señala que el dinero no gastado en un ejercicio debe destinarse a pagar deuda o bien queda como remanente no disponible.
En definitiva, sólo los ayuntamientos con una situación económica muy saneada podrían conceder estas ayudas, siempre y cuando la Junta no considere que invaden sus competencias. Cualquier tipo de ayuda está condicionada no sólo a la voluntad política del alcalde de turno, sino a la autorización final del Gobierno autonómico.
En el caso de Sahagún, la convocatoria de ayudas se aprobó a principios de julio y han sido un total de 64 el número de empresarios solicitantes. Cada ayuda es de 400 euros si bien podría llegar hasta los 500 si se justifica haber invertido el dinero en compras y servicios asociados a empresas locales.
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