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Redacción
Martes, 1 de marzo de 2016
Ordenación

Comienza el trabajo de definición de competencias que deberán tener las mancomunidades rurales

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La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, presidió ayer la primera reunión del grupo de trabajo constituido para definir la cartera común y homogénea de competencias de las mancomunidades de interés general rurales y los consorcios provinciales de servicios generales, reguladas en la Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio. Se pretende alcanzar una propuesta consensuada, a partir de la cual la Consejería de la Presidencia elaboré un decreto en el que poder recoger competencias y servicios. “Una administración, una competencia”, eficacia, eficiencia y capacidad son los criterios generales sobre los que se basa el análisis de competencias.
En estas reuniones se trabajará sobre las diferentes materias, competencias y funciones locales de gestión de servicios y administrativas, que actualmente están atribuidas a los municipios; en las sucesivas reuniones se analizará si deben continuar ejerciéndose en ese ámbito municipal o es más operativo que se desarrollen en las nuevas mancomunidades de interés general rurales o consorcios provinciales de servicios generales.
Los criterios generales que se han aplicado en el análisis y la distribución competencial entre unas entidades locales y otras son el principio de “una administración, una competencia”; los principios de eficacia y eficiencia, de tal forma que el ciudadano tenga garantizada la prestación de los servicios públicos, pero al menor coste posible, aplicando las economías de escala; y el principio de capacidad, de tal manera que se ha distinguido dentro de los ayuntamientos tres tramos de población para analizar las competencias y funciones: hasta 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 habitantes, y de 5.000 a 20.000 habitantes.
Esta mañana se abordaron las tres primeras materias locales concretadas en la previa reunión de constitución: infraestructuras generales, servicios administrativos generales, cooperación y asistencia interadministrativa. Las reuniones del grupo de trabajo irán rotando por diversas provincias de la comunidad –la próxima, el siete de marzo- y en ella se analizarán las materias de infraestructura viaria supramunicipal, infraestructura viaria municipal, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, alumbrado en vías públicas, cementerios, parques, jardines, áreas recreativas y zonas de esparcimiento.
El calendario de trabajo previsto se desarrollará de modo paralelo a la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. El Gobierno autonómico impulsa la configuración de esta cartera homogénea de competencias y servicios para que, una vez aprobado dicho mapa de UBOST, esté a disposición de los municipios que voluntariamente quieran constituir una mancomunidad de interés general rural y puedan formalizarla. Este tipo de mancomunidad se convierte en una herramienta que ofrece la Ley de ordenación del territorio para que la unión voluntaria de municipios les haga más fuertes. Asimismo, dar estos pasos facilitará que el medio rural disponga, como ya puede hacerlo el medio urbano, de la posibilidad de creación de estas mancomunidades de interés general.
 
Participantes en la reunión
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, participan por parte de la Consejería de la Presidencia en este grupo de trabajo, el que también tienen presencia veinte representantes locales designados por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. A esta reunión han asistido: Valentín Cisneros, alcalde de Cogeces de Iscar, en Valladolid;  Antonio Luis Sánchez, alcalde de Peñarandilla, en Salamanca;  Carmen Mallo, alcaldesa de Murias de Paredes, en León;  Alberto García, Concejal de Muñoveros, en Segovia;  Inés Escudero, Alcaldesa de Cantimpalos, en Segovia; Gerardo Martínez, Alcalde de Ólvega, en Soria; Carmen García, concejala de Doñinos de Salamanca,  en Salamanca; Roberto Sánchez, alcalde de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid; Mª José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo , en Palencia; Vidal Galicia, alcalde de Arévalo, en Ávila;  José Luis Vázquez, alcalde de El Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia; José Antonio de Miguel , alcalde de Almazán, en Soria; Teresa Martín, presidenta de la Diputación de Zamora;  Juan Martínez, presidente de la Diputación de León; Esther Pérez, vicepresidenta primera  de la Diputación de Soria; Mª del Socorro Cuesta, diputada Provincial de Segovia;  Francisco Javier Calvo, vocal de la Mancomunidad Bajo Pisuerga, de Valladolid; Adolfo Criado, presidente de la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca de Roa, de Burgos; Javier Lezcano, vicepresidente de la Mancomunidad Bajo Arlanza, de Burgos; Miguel Ángel Lozano, vocal de la Mancomunidad Mansurle, de León.
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