El terror machista en la comarca de Sahagún: cinco mujeres necesitan actualmente protección de la Guardia Civil

 

La comarca de Sahagún no es ajena al terror de la violencia machista. Un total de cinco mujeres necesita actualmente algún tipo de protección (Guardia Civil) tras haber sufrido agresiones de sus parejas o exparejas, cifra que se eleva a 264 en el conjunto de la provincia. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen 589 casos activos.  

 

Esta es la dura realidad para las mujeres que soportan la violencia de sus parejas o exparejas y que, como recuerda este 25N el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, "no es exclusiva de la zona urbana, ni de un estrato social, ni de una nacionalidad, ni de una franja de edad, ni de una creencia; porque existe en todos los lugares, puede pasarle a cualquier mujer. Quienes niegan la existencia de una violencia sobre la mujer hablan de violencia genérica pero los datos son tozudos, son los que son y les guste o no, lo quieran reconocer o no, desgraciadamente los agresores son hombres, no hay que identificar hombre con agresor, pero sí hay que decir que el cien por cien de los agresores son hombres".

 

El subdelegado del Gobierno ha querido poner de relieve en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que desde el Gobierno de España no solo se considera violencia de género a las agresiones físicas y psicológicas que ejercen las parejas o exparejas sobre las mujeres, porque el concepto "hay que ampliarlo a todas aquellas agresiones que sufre la mujer por el mero hecho de serlo, como las agresiones sexuales, la trata de mujeres con fines de explotación, las mutilaciones genitales o los matrimonios forzosos", todas ellas violencias contra las que "luchamos todas las administraciones involucradas, cada una desde nuestras competencias trabajamos coordinadamente porque es una de las condiciones para solventar la violencia contra las mujeres". 

 

 

 

Faustino Sánchez concluye sin olvidar la violencia que se ejerce sobre las mujeres que viven en la zona rural, "en números absolutos hay menos casos porque está más despoblada, pero existe". Por ello, insiste en que "es deber de las administraciones involucrar a todos para ser conscientes de que muchas veces la mujer por el bloqueo físico psicológico o por la situación que padece no es capaz de denunciar" y en estos casos es el entorno, ya sean vecinos o familiares, quienes tienen que poner el en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no es necesario ir físicamente a las comisarías, para eso están los números 016, 112, 091, 061", que también están a disposición de las afectadas. "Que sepan las mujeres que van a ser escuchadas y atendidas, se le hará una valoración de riesgo y, si fuera necesario, en función del nivel, se le dará protección policial o se les pondrá en contacto con los Servicios Sociales para que les puedan proporcionar una vivienda", ha manifestado el subdelegado quien reconoce que "ahí es donde nosotros tenemos que mejorar mucho para involucrar a la sociedad".

 

El partido judicial de Sahagún recibió este año 22.000 euros para impulsar acciones contra las violencias de género, unos mil euros por Ayuntamiento, que han sido destinados a la realización de proyectos o programas que desarrollen medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, como la realización de campañas de sensibilización y prevención o la elaboración de materiales para ofrecer información. La cantidad para cada municipio es de mil euros y 0,18 más por cada empadronado. 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el cumplimiento del Convenio de Estambul, establecen la necesidad de avanzar en la adopción de medidas legislativas y demás acciones necesarias para prevenir, sensibilizar, investigar, castigar y atender y proteger todos los actos de violencia en él contenidos. El Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado en diciembre de 2017, incluye, además de medidas generales para todas las administraciones públicas, recomendaciones específicas para las entidades locales, así como un compromiso económico.