El programa Rehabitare inyecta en Almanza 50.000 euros para sumar otras dos viviendas a su parque público

 

El Ayuntamiento de Almanza rubricó esta mañana un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el marco del programa Rehabitare que permitirá a la Administración local abordar el condicionamiento de una vivienda propiedad municipal ubicada en la Plaza Mayor que, una vez a punto, se sumará a al parque público de vivienda para ofrecerla en régimen de alquiler social. 

 

La Junta aporta en este caso un total de 50.000 euros que se destinarán a la rehabilitación de la segunda planta de un inmueble municipal ya intervenido a través del Programa Rehabitare 2021. De esta forma, el edificio suma a la vivienda de la planta baja ya en alquiler otros dos apartamentos en la planta superior, objeto de la subvención. 

 

Estas dos nuevas viviendas elevan a siete el parque municipal, “siete familias con residencia en Almanza y unos ingresos totales, una vez estén alquiladas las siete, de unos 20.000 euros; aunque aquí lo importante es fijar población”, explica el alcalde de Almanza, Javier Santiago. 

 

El programa Rehabitare, desarrollado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, consiste en rehabilitar viviendas propiedad de los ayuntamientos que se encuentran en desuso y posteriormente ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas con dificultades de acceso a la vivienda por razones económicas. Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes, evitando el deterioro del patrimonio municipal y mejorando la estética urbana.

 

Una vez rehabilitadas, las viviendas se incorporan al Parque Público de Vivienda de Castilla y León para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Son los respectivos ayuntamientos los que determinan el precio del alquiler, que no puede exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León.