La colección Añoranza de Grajal, el etnográfico de Villamartín y el museo-torre de Almanza contarán con personal contratado de apoyo a visitantes

 

El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura aprobó la pasada semana la lista de beneficiarios de las subvenciones correspondientes a la contratación de personal para museos, una línea de ayudas puesta en marcha por el actual equipo de gobierno, que ha tenido una gran acogida en el territorio. El objetivo de la subvención, que ha contado con un presupuesto de 50.000 euros, es procurar que museos y colecciones museográficas repartidas por todas las comarcas cuenten con personas encargadas de las mismas, y de este modo puedan abrir sus puertas o mejorar su servicio en los meses de mayor afluencia de público.

 

En total son 16 los museos y colecciones museográficas -propiedad de ayuntamientos o juntas vecinales de la provincia- que recibirán ayuda, un número que ha aumentado con respecto al año pasado, cuando resultaron beneficiados 13 museos y colecciones museográficas. Se trata del Museo Munic de Carracedelo, el Museo del Chocolate, Aula Temática de los Molinos y Centro de la Interpretación de la Resina de Castrocontrigo, el Pozo Julia, Escuela del Ayer y Aula Paleobotánica de Fabero, el Museo del Vino de Valdevimbre, el Museo Torre y Muralla Medieval de Almanza, el Museo Romano de Astorga, el Museo Arqueológico de Cacabelos (MARCA), la colección museográfica Añoranza de Grajal de Campos, el Museo Etnográfico de la Trashumancia de Prioro, el Centro de Interpretación del Ferrocarril de Toral de los Vados, el Museo del Botijo de Toral de los Guzmanes, el Museo del Castillo de Valencia de don Juan, el Museo Etnográfico de Villamartín de Don Sancho, el Museo del Ferrocarril y de la Minería de Brañuelas, el Museo de la Indumentaria Leonesa (MITLE) de Valencia de don Juan, y el Museo del Chocolate de Astorga. 

 

Las subvenciones, que han oscilado entre los 1.600 y los 4.000 euros, no podrán superar el 80% de los gastos de la contratación de personal, por lo que las entidades beneficiarias (ayuntamientos o juntas vecinales) deberán aportar como financiación propia, o generada por otras vías, un mínimo de un 20% del importe total de la actividad.