Ecologistas en Acción anima al Ayuntamiento de El Burgo a “plantar cara” a la granja porcina que planea sobre el municipio

La producción de biometano a partir de deyecciones ganaderas para ser inyectado en la red gasista, beneficia al oligopolio energético y a las multinacionales cárnicas, en un proceso sinérgico que se retroalimenta con dinero público de los fondos Next Generation, y que seguirá degradando el medio rural.

 

En efecto, la nueva burbuja especulativa del biogás favorece la expansión de la ganadería industrial. Prueba de ello es que la Consejería de Medio Ambiente está redactando el Plan Biogás 2024-2034, que prevé la implantación inicial de 63 plantas de biometano en Castilla y León y, al mismo tiempo, admitiendo la incesante solicitud de autorización de nuevas macrogranjas, o ampliación de las que ya existen. Hoy mismo se encuentran en información pública, en la web de la Junta, 16 expedientes de autorización de macrogranjas porcinas y cuatro de plantas de biogás.

 

Dos de estos proyectos se sitúan en la provincia de León: una planta de biogás en Castropodame, que producirá biometano mediante la digestión anaerobia de 200.000 toneladas anuales de deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos que El Bierzo no genera; y una macrogranja porcina en El Burgo Ranero, admitida a trámite con la máxima capacidad que permite la ley y que producirá 15.700 toneladas anuales de purines.

 

Ecologistas en Acción aplaude al Ayuntamiento de Castropodame que ha emitido un informe urbanístico negativo, de incompatibilidad de la planta de biogás con el planeamiento municipal. Este informe, de conformidad con la legislación de prevención ambiental (artículos 12 y 15 del RDL 1/2016), obliga a la Junta a “poner fin al procedimiento y archivar el expediente”.

 

También hay que celebrar la actitud del Ayuntamiento de El Burgo Ranero que se ha manifestado en contra de la explotación porcina, y presentará alegaciones, según acuerdo adoptado el 18 de septiembre por el Pleno municipal.

 

Al carecer de normas urbanísticas, El Burgo Ranero se rige por el planeamiento provincial y un posible informe de incompatibilidad urbanística tendría que emitirlo el Servicio de Atención al Municipio de la Diputación de León. “No obstante, como exponemos en nuestras alegaciones, sobran argumentos para rechazar un proyecto que, situado en proximidad del Camino de Santiago, no dispone de captación de agua, ni de plan de gestión de purines. Estas carencias, entre otras, debieron impedir la admisión a trámite del expediente”, explican desde Ecologistas en Acción. 

 

La asociación anima a los Ayuntamientos a plantar cara a estos proyectos con todos los medios disponibles, presentando recursos contra las autorizaciones ambientales, si la Junta llegara a otorgarlas a pesar de las omisiones e incumplimientos alegados y a pesar de la oposición y el malestar expresado públicamente por los vecinos y las vecinas a las que representan. El plazo para presentar alegaciones termina este mes de octubre, los días 21 para la planta de biogás, y 29 para la macrogranja.