La Junta aprueba un proyecto de decreto que regulará el aprovechamiento forestal de montes privados

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, 27 de marzo, el proyecto de decreto que regula el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionadas por la administración de la comunidad, es decir, en montes no declarados de utilidad pública y en terrenos agrosilvopastorales, arbolados y formaciones forestales dispersas en terrenos agrícolas. El decreto busca una gestión más eficiente y sostenible de los recursos forestales, en un contexto de incremento de la superficie forestal según datos del último Inventario Forestal Nacional. En Castilla y León, se tramitan anualmente unos 20.000 expedientes de aprovechamientos forestales en montes no gestionados por la administración forestal, generando un valor directo estimado de 45 millones de euros.

 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del decreto los aprovechamientos cinegéticos, micológicos y los relativos a especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, que cuentan con regulación específica. También se excluyen los aprovechamientos maderables y leñosos gestionados directamente por la administración forestal de la comunidad debido a su propiedad, convenios establecidos con los propietarios o su carácter de montes de utilidad pública. El ámbito de aplicación del decreto se centra, por tanto, en montes privados y montes públicos no declarados de utilidad pública, tradicionalmente denominados de libre disposición de las entidades locales.

 

El decreto actualiza y amplía la regulación de los aprovechamientos forestales incorporando la resina, el corcho y el matorral, que hasta ahora no estaban reglamentados. Además, se reduce la intervención administrativa en la tramitación.

 

Según el tipo de aprovechamiento, será necesario contar con autorización administrativa: para aprovechamientos maderables, leñosos, de resina y corcho en determinadas condiciones, así como para los experimentales o con fines de investigación; declaración responsable: para aprovechamientos en montes con instrumentos de planificación, de turno corto o menor cuantía, de restos maderables o leñosos procedentes de trabajos de mejora selvícola, piña cerrada, resina, matorral y aquellos derivados de la declaración de plagas, enfermedades forestales o eventos catastróficos. 

 

Asimismo, existen aprovechamientos no sujetos a regulación, como la recolección de piña abierta, ramas muertas, matorral de altura inferior a 1,5 metros, plantas medicinales, frutos silvestres y ciertas cortas de arbolado necesarias para obras u otros trabajos previamente autorizados por el órgano competente.

 

En lo referente a procedimientos y obligaciones: las solicitudes de autorización o declaraciones responsables deben presentarse preferentemente de forma electrónica y pueden realizarse en cualquier momento del año; el plazo para resolver las autorizaciones es de un mes (silencio administrativo negativo) y los aprovechamientos maderables tienen un plazo general de ejecución de dos años; para el resto, un año. 

 

De igual manera, se establecen medidas preventivas para evitar incendios forestales, condiciones relativas al tránsito de maquinaria y la exclusión de aprovechamientos en árboles con nidos de especies amenazadas.

 

 

En cuanto a control y sanciones: se implementa un régimen de vigilancia de los aprovechamientos; las infracciones y sanciones se rigen por la legislación estatal y autonómica en materia forestal y se establecen disposiciones transitorias hasta la aprobación de normativas específicas para determinados productos forestales.

 

El decreto busca una gestión más eficiente y sostenible de los recursos forestales, en un contexto de incremento de la superficie forestal según datos del último Inventario Forestal Nacional. En Castilla y León, se tramitan anualmente unos 20.000 expedientes de aprovechamientos forestales en montes no gestionados por la administración forestal, generando un valor directo estimado de 45 millones de euros, que se duplica al considerar los costes de extracción y procesamiento. Aunque la mayor parte de este valor corresponde a biomasa y madera, otros productos como la castaña, la resina, el corcho y el piñón también son relevantes.

 

De estos expedientes, se estima que el decreto simplificará el régimen de 18.000 (90%), pasando de autorización a declaración responsable, lo que reducirá trámites administrativos y tiempos de espera, sin pérdida de garantías ambientales. Además, prevé teletramitaciones y plataformas informáticas para facilitar la gestión de los trámites.

 

Los aprovechamientos forestales contribuyen a la dinamización demográfica y a la lucha contra la despoblación en el medio rural, consolidando la cohesión territorial en Castilla y León y creando sinergias con la futura Ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad. También promueven paisajes resilientes y ayudan a reducir el peligro de incendios forestales.