Fiscalidad rural diferenciada como clave para frenar la despoblación

Es una realidad innegable: los servicios públicos en el ámbito rural palidecen en comparación con la oferta disponible en las áreas densamente pobladas. Esta brecha, que se extiende desde la sanidad hasta el transporte, alimenta una imparable hemorragia poblacional que lleva décadas desangrando nuestros pueblos.  Ante esta situación crítica, resulta imperativo que las administraciones actúen con celeridad y determinación.

 

La deficiente atención sanitaria obliga a los ciudadanos a costearse desplazamientos a capitales provinciales o centros de referencia para recibir tratamientos específicos.  Un transporte público precario, con horarios más simbólicos que útiles, agrava aún más el aislamiento.  Resulta incomprensible la inacción ante esta problemática que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes rurales.

 

La solución pasa, ineludiblemente, por una revisión profunda de la fiscalidad.  Es necesario que tanto el Gobierno central como las autonomías implementen una rebaja sustancial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los tramos.  De igual manera, una disminución de las cotizaciones sociales aliviaría la carga económica sobre los trabajadores asalariados.

 

Pero la responsabilidad no recae únicamente en las administraciones superiores. Los Ayuntamientos también pueden y deben aportar su grano de arena.  Una rebaja al mínimo de las tasas e impuestos municipales, la supresión del pago de licencias de obra y una revisión a la baja de las Contribuciones Urbanas –que en ocasiones superan las de las ciudades– supondrían un importante incentivo para residir y emprender en el medio rural.

 

Estas deducciones fiscales, especialmente la del IRPF, no solo compensarían la menor disponibilidad de servicios públicos, sino también el coste inherente a los desplazamientos necesarios para acceder a ellos.  Se trata de una medida de justicia territorial que reconocería las desventajas que enfrentan los habitantes de las zonas rurales.

 

No obstante, la fiscalidad no es la única respuesta.  Es fundamental complementar estas medidas con un paquete de ayudas directas que tengan una clara "discriminación positiva" hacia el ámbito rural.  Fomentar la natalidad, retener a los jóvenes y facilitar la compra y rehabilitación de viviendas son pilares esenciales para construir un futuro demográficamente más equilibrado.

 

La despoblación rural no es una fatalidad inevitable, sino una consecuencia de la falta de oportunidades y de la desigualdad en el acceso a servicios básicos.  Una política fiscal valiente y decidida, acompañada de medidas de apoyo específicas, puede ser el revulsivo necesario para revitalizar nuestros pueblos, asegurar su supervivencia y, en última instancia, construir un país más cohesionado y equitativo. La urgencia es palpable, y las administraciones no pueden permitirse más dilaciones.