Que otros no nos planifiquen

 

 

Hace ya 28 años del que muchos habitantes de la comarca de Sahagún recordarán como el más brutal intento de agresión al medio ambiente y de desprecio a los valores del medio rural de nuestro entorno. 

 

En aquella ocasión, unos cuantos responsables políticos de la provincia, junto con una concesionaria de la gestión provincial de residuos, sin planificación territorial, ni ambiental, ni urbanística, decidieron, a golpe de irregularidad administrativa,  la ubicación de un Centro de Tratamiento de Residuos –CTR- de escala subregional en un monte de robles centenarios, un hábitat de incalculable valor ecológico, con cientos de especies autóctonas, acuíferos, arroyos y fuentes en el término de Villamartín de Don Sancho.

 

Frente aquel latrocinio, además de las acciones interdictales y de la constante denuncia pública, resultó determinante la resistencia pacífica de una treintena de mujeres y hombres frente a las máquinas que, bajo el falso anuncio de realizar las catas del terreno, iban a iniciar las obras de excavación del vertedero en el mismo centro del monte: el Picón de la Cota.

 

Custodiadas las máquinas por más guardias civiles que vecinos, incluidos mandos provinciales, aquella resistencia se saldó con una decena de detenidos, mayoritariamente de más de 70 años, acusados, nada menos, que de atentado a la autoridad. A muchos de ellos tuve el honor y la vergüenza de asistir como letrado. Honor, porque eran hombres y mujeres sin más interés que defender los valores naturales de su tierra, ‘La Cota’, que desde tiempo inmemorial era espacio de pastos. Es famoso el Roble Jatero, donde guardaban los jatos para protegerlos de los lobos. Vergüenza, porque la acusación, su desproporción –cachabas contra pistolas-, por razones obvias, resultaba grotesca. La misma vergüenza debió sentir la jueza que dirigió la Instrucción al tomar la declaración a los agentes, lo que motivó el archivo de las diligencias penales. Finalmente, el CTR se construyó en otro lugar de la provincia, no con mucha más planificación, pero, al menos, sin violencia ambiental.

 

No parece difícil imaginar que la historia se repite constantemente, como si una confabulación nos situara en infinitos espacios del planeta, siempre en la casilla de salida para volver a pelear frente a los necios. Actuales y cercanos ejemplos son la contestada planta de incineración de residuos en la cementera de Toral de los Vados; el proyecto de Altri para la implantación de una descomunal planta de celulosa en las inmediaciones de un zona de especial conservación de la red natura, en Galicia; la siembra indiscriminada del suelo rústico del país con parques eólicos y huertos solares. En definitiva, un sinfín de ejemplos que responden a un patrón común: un agente empresarial, con o sin la colaboración de un agente político, selecciona un territorio demográfica y económicamente tullido, sin planeamiento urbanístico municipal propio que establezca una zonificación funcional del suelo, y planifica su ‘asalto’ al socaire de la creación de puestos de trabajo y de fijar población. 

 

Parece claro, por tanto, que a este oportunismo territorial y a la endémica falta de planificación estratégica, estatal y regional, se une la ausencia de iniciativa local para determinar mediante instrumentos de planeamiento propios –planes generales de ordenación urbana o normas urbanísticas municipales-, por una parte, los criterios de calificación del suelo, es decir, la localización espacial de los usos y, por otra, los criterios de su interrelación por razones de compatibilidad, idoneidad y oportunidad.

 

A este respecto, cabe recordar que, en nuestra comarca, a excepción de Sahagún y Almanza, ningún municipio cuenta con un planeamiento general, siendo de aplicación, en el resto, las Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito provincial, vigentes desde junio de 2024. Instrumento, éste, que desde aquí no se pretende cuestionar pero que, sin duda, y pese a la posible participación de los ayuntamientos –por cierto, muy limitada- en el periodo de información pública previo a su aprobación, por su naturaleza supramunicipal, difícilmente puede resultar apto para dar respuesta a todas las singularidades locales y a sus contextos.

 

Por tanto, resulta imprescindible no hacer dejación de la autonomía municipal, impulsando desde los ayuntamientos la coherencia entre la acción urbanística, el medio ambiente y la sostenibilidad del territorio. De lo contrario seremos pasto del urbanismo de despacho de la Diputación y de los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma, con claro riesgo de clientelismo político.