Rechazo del Colegio de Abogados a que se centralicen en León ciudad los juzgados comarcales de violencia sobre la mujer

La reciente aprobación, vía Real Decreto, de una medida que centraliza los juzgados comarcales de Violencia sobre la Mujer en la capital leonesa ha provocado una oposición frontal por parte del Colegio de la Abogacía de León. Esta reordenación, que se aplicaría a finales de este año, afectará directamente a los partidos judiciales de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún, concentrando en León todos los procedimientos relacionados con la violencia de género.

 

Desde el Colegio, su decano y presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Rodríguez Santocildes, ha calificado la decisión de "profundamente injusta" e ineficaz. La principal preocupación reside en las graves consecuencias para las mujeres víctimas de violencia en estas zonas rurales, incluida la comarca de Sahagún.

 

Rodríguez Santocildes subraya que la medida "obliga a muchas víctimas a desplazarse decenas de kilómetros en momentos de extrema vulnerabilidad, con medios de transporte en muchos casos inexistentes". Esto, a su juicio, representa una seria vulneración de los principios de inmediación y proximidad, que son esenciales en este tipo de procedimientos judiciales.

 

El Colegio de Abogados advierte de que esta centralización no solo incrementará la revictimización y las desigualdades territoriales, sino que podría incluso "disuadir la interposición de denuncias". La justicia, recalca el decano, "debe estar cerca, no lejos, especialmente cuando hablamos de proteger a quienes ya están en situación de riesgo".

 

La propuesta de solucionar la situación mediante videoconferencias tampoco es vista como una opción viable. Para el decano, esta alternativa "priva al órgano judicial de la inmediación" y, en la práctica, no cuenta con la infraestructura técnica ni el personal suficiente en las oficinas municipales de justicia para garantizar una atención de calidad.

 

Otro punto de inquietud es la posible ruptura del principio de unidad de defensa, ya que esta nueva organización dificultaría que el abogado del turno de oficio que asiste a la víctima desde el inicio pueda continuar con todos los procedimientos derivados. El Colegio recuerda que "todos los partidos judiciales de la provincia cuentan con profesionales de la abogacía cualificados y formados específicamente en violencia sobre la mujer", y que esta especialización "ya está funcionando, no necesitamos desmantelarla".

 

La decisión también ha sido criticada por la falta de consulta a los operadores jurídicos y la ausencia de una evaluación de impacto que tuviera en cuenta la realidad de la España rural. Por todo ello, el Colegio de la Abogacía de León reclama la paralización inmediata de la medida y defiende que cualquier reforma de la planta judicial "tenga como prioridad la accesibilidad, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas".