El Gobierno blinda la planta solar de Green Capital Power en El Burgo Ranero

El Gobierno ha decidido el blindaje, a través de la declaración de utilidad pública, del proyecto de la macroplanta solar fotovoltaica llamada 'Dalia', que promueve desde hace más de cuatro años la empresa Green Capital Power en terrenos de Payuelos, en el municipio de El Burgo Ranero.

 

De este modo, entre otras cosas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico allana el camino de manera definitiva a la expropiación de más de 140 fincas que todavía necesita la compañía y que se sitúan entre los municipios leoneses de El Burgo Ranero pero también de Valdepolo y Santas Martas, a los que afectan las líneas de evacuación de la energía que prevé generar cuando esté en marcha. La decisión ha sido dada a conocer a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), completándose así el proceso administrativo iniciado hace más de dos años.

 

El macroparque solar contará con una gran potencia instalada, de 104,025 megavatios de potencia, a través de la instalación de unos 200.000 módulos solares, cifras que la convierten en una de las mayores fotovoltaicas en la provincia, a pesar de haber reducido en parte su pretensión inicial.

 

La declaración de utilidad pública habilita a la empresa promotora para ocupar los terrenos necesarios mediante expropiación forzosa, un punto que generó controversia en una zona de regadío como los Payuelos. Entre las instituciones que han mostrado su oposición se encuentra la Junta Vecinal del pueblo de Villamarco, que reclamó la exclusión de sus terrenos comunales del proyecto, alegando que tienen carácter imprescriptible. A pesar de esta resistencia, la promotora argumentó la imposibilidad de llegar a un acuerdo y justificó la necesidad de continuar con el procedimiento administrativo.

 

La resolución ministerial detalla que se solicitaron informes a distintas administraciones y organismos públicos, sin que se haya registrado oposición formal por parte de entidades como la Diputación de León, los ayuntamientos implicados, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León o Red Eléctrica de España (REE). En la mayoría de los casos, la ausencia de respuesta se ha interpretado como conformidad tácita, según la normativa vigente.

 

Desde el ámbito social, la aprobación del proyecto ha sido recibida con rechazo por parte de colectivos vecinales como la Plataforma Alto Payuelos, que denuncian el uso de tierras agrícolas fértiles y de regadío para la instalación del parque solar. Sin embargo, tras el anuncio sometido a información pública a finales de 2024, no se presentaron alegaciones en los plazos habilitados, a pesar de ciertas tensiones especialmente por el uso de terrenos comunales y el impacto que este tipo de instalaciones en zonas de utilidad agrícola.

 

El proyecto forma parte de la estrategia estatal para impulsar las energías renovables en el contexto de la transición energética, aunque su desarrollo vuelve a poner de relieve el creciente conflicto entre la implantación de macroinstalaciones y la defensa de los usos tradicionales del suelo en el medio rural. La resolución aún puede ser recurrida ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes.