Más de 400 colectivos se manifestarán en Madrid contra la especulación, la sobreexplotación y la falta de servicios básicos en los pueblos

 

 

El 31 de marzo de 2019, una histórica manifestación conocida como La Revuelta de la España Vaciada reunió en Madrid a más de 50.000 personas. Convocada por las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya!, y con la adhesión de colectivos de veinticuatro provincias, la protesta exigía medidas contundentes para frenar la despoblación. La cita, celebrada poco antes de las elecciones de aquel año, contribuyó de forma decisiva a que este asunto se incorporara a la primera línea del debate político nacional. Y poco más.  

 

Ante el total abandono de las administraciones públicas hacia los territorios menos poblados, más de 400 movimientos ciudadanos de todo el país volverán a ‘tomar’ las calles de Madrid en una gran manifestación que, bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', busca ser un grito de alerta contra la “agresión” que, según denuncian, están sufriendo sus territorios por la proliferación de macroproyectos, la especulación sobre tierras y cursos de agua, la sobreexplotación de los recursos y la falta de servicios básicos en los pueblos. El objetivo es exigir a las administraciones un modelo de país más justo y equilibrado que revierta la despoblación. La cita será el cinco de octubre.

 

La movilización, que agrupa a plataformas que luchan contra la especulación de macrogranjas, las minas, el biogás y las renovables como modelo de negocio, tiene su origen en el “hartazgo del mundo rural”, tal como afirmó en la rueda de prensa de presentación, Pepe Polo, representante de la Federación de asociaciones vecinales de la provincia de Teruel. Polo denunció el abandono institucional y el incumplimiento de las promesas políticas que llevan al territorio no urbano a un modelo extractivista colonial.

 

Las motivaciones que llevan a estos colectivos a unirse son variadas pero tienen un propósito común: defender sus territorios. Rosa Pardo, de Aliente, criticó duramente el modelo de transición energética fallido, que favorece la especulación financiera a través de grandes instalaciones eólicas y solares. Acusó a las administraciones de otorgar la 'utilidad pública' a empresas con un mínimo capital, lo que facilita la expropiación y elimina los controles ambientales.

 

Desde la plataforma Abrazo al Agua, Jesús Cutillas denunció la grave contaminación de ríos y acuíferos por la agroindustria y la ganadería industrial, así como el acaparamiento de derechos de riego por parte de fondos de inversión. Alertó que esta práctica genera una competencia desleal y podría derivar en un futuro de escasez y encarecimiento del agua para el consumo humano.

 

Aurora Vilariño y Joao Teixeira, de colectivos contra el biogás y las macrogranjas, explicaron cómo estos proyectos, impulsados por fondos europeos, representan un modelo insostenible. Se denuncia una “falsa economía circular’” además de los graves impactos para la salud y la calidad de vida de los pueblos cercanos. En el ámbito minero, Eugenio Campanario expuso el auge especulativo del sector y la agresión directa que las minas suponen para el territorio, con la destrucción de los modos de vida tradicionales.

 

A la movilización se unen también grupos que exigen el fin del abandono institucional de las infraestructuras de transporte y la mejora de los servicios públicos, especialmente los sanitarios. Desde la Revuelta de la España Vaciada, se pide la priorización del ferrocarril convencional y la inversión en carreteras, porque como llevan años reclamando, “ser pocos no resta derechos”. 

 

La rueda de prensa concluyó con un llamamiento contundente a la unidad y movilización. La manifestación del cinco de octubre no es una protesta más, sino un "grito, un puñetazo en la mesa" dirigido a todos los políticos, nacionales y autonómicos, quienes “están fallando al permitir estas agresiones”. El lema ‘Salvemos el mundo rural agredido’ busca involucrar no solo a los habitantes del campo, sino a toda la ciudadanía española, tanto rural como urbana, ya que consideran que es un problema que "nos compete a todos" y del que depende el futuro del país.