Asaja advierte que la nueva obligación de documentar los arrendamientos de fincas rústicas acarreará penalizaciones, conflictos y tierras abandonadas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, que introduce significativas modificaciones en la Política Agrícola Común (PAC). Una de las novedades que más tensión está generando en el sector agrícola, particularmente en la provincia de León, es la obligación impuesta a los beneficiarios de ayudas directas y de desarrollo rural de documentar el derecho al uso de las parcelas por las que solicitan subvención. 

 

Esta medida, que busca reforzar el control por parte de la autoridad competente, ha sido recibida con profunda preocupación por la organización agraria Asaja, que advierte de un previsible aumento de los conflictos y del abandono de tierras.

 

La nueva disposición establece de forma explícita que los agricultores y ganaderos que perciban fondos de la PAC deberán aportar a la autoridad competente, cuando esta lo requiera, documentación que acredite su derecho a explotar las tierras. Sin embargo, esta exigencia choca de lleno con la realidad del campo leonés, donde una parte sustancial de la actividad agraria se sostiene sobre acuerdos verbales.

 

En la provincia de León, los agricultores profesionales, con los jóvenes a la cabeza, cultivan en régimen de arrendamiento más del 70 % de la superficie de sus explotaciones. La gran mayoría de estos acuerdos con propietarios particulares son de palabra, una práctica habitual que ni la Ley de Arrendamientos Rústicos (LAR) obliga a formalizar por escrito, ni los terratenientes están dispuestos a cambiar.

 

La brecha entre la norma y la realidad del campo

Asaja, aunque se declara partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia fiscal, subraya la incapacidad del sector para modificar la voluntad de los propietarios.

 

Históricamente, muchos dueños de parcelas evitan la firma de documentos o el cobro de rentas por medios bancarios para no dejar constancia de la operación, dificultando aún más que el arrendatario pueda contar con justificantes de pago. La organización agraria insiste en que solo la administración del Estado posee la capacidad legal e inspectora para generalizar los contratos por escrito.

 

La situación se torna especialmente crítica en las áreas de la provincia que sufren de minifundismo más acusado, caracterizadas por parcelas de escasas dimensiones y tierras de cultivo marginales o pastos. Según la agrupación, en estos contextos, la dependencia del agricultor o ganadero hacia el propietario es total, obligándole a aceptar las condiciones impuestas para poder acceder a la tierra, so pena de quedarse sin cultivar y perder su explotación.

 

De igual manera, considera que este cambio normativo, lejos de mejorar la transparencia, se convertirá en un catalizador de conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Temen que la nueva obligación, ante la negativa de muchos propietarios a formalizar los acuerdos, desemboque en una falta de entendimientos que, en última instancia, dejará a más fincas abandonadas en las zonas agrícolamente menos productivas de la provincia. Además, la imposibilidad de acreditar el derecho de arrendamiento ante los controles administrativos conllevará una penalización directa en el porcentaje de ayudas de la PAC al agricultor afectado.