Catorce ayuntamientos del partido judicial de Sahagún recibirán ayudas para elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto

La Diputación de León ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones que facilitará a los ayuntamientos de la provincia la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Esta medida, gestionada a través del área de Desarrollo Rural y Transición Ecológica, busca avanzar en la identificación y correcta gestión de este material peligroso, reforzando la salud pública en el ámbito rural.

 

En total, 105 municipios leoneses de menos de 20.000 habitantes han solicitado y obtendrán esta ayuda, que suma un importe global de 398.251 euros. La cuantía máxima fijada en las bases asciende a una media de 4.000 euros por Ayuntamiento beneficiario.

 

El impacto de la medida es significativo en el partido judicial de Sahagún, donde catorce municipios recibirán la ayuda para ejecutar sus censos con cargo al presupuesto de 2026.

 

Los ayuntamientos beneficiados en la zona incluyen Almanza, Santa María del Monte de Cea, Cea, Joarilla de las Matas, Villamol, Castrotierra de Valmadrigal, El Burgo Ranero, Sahagún, Vallecillo, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos y Villamartín de Don Sancho. Los fondos facilitarán a estos municipios identificar edificaciones, infraestructuras o emplazamientos que contengan el material, planificando su posterior retirada de manera segura y conforme a la normativa vigente.

 

El objetivo de esta línea de subvenciones es elaborar un inventario detallado de la presencia de amianto en cada localidad. El procedimiento para la elaboración del censo consta de dos fases: la de exploración (o cribado) y la de inspección.

 

La primera etapa servirá para obtener una relación de los emplazamientos con alta probabilidad de contener el material. Durante la segunda fase, se inspeccionarán los inmuebles recogidos para ratificar su presencia. Como resultado final del proceso, cada Ayuntamiento deberá indicar el plazo máximo para la retirada, elaborando un calendario de ejecución y añadiendo una valoración económica de cada una de las actuaciones.