Manifestación por el campo leonés

 

Esta movilización, que coincide con actos similares en distintos puntos del territorio nacional, busca defender la rentabilidad de los precios, la reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales y el mantenimiento de las ayudas de la PAC.

 

La petición de solidaridad se dirige específicamente a almacenes de cereal y piensos, proveedores de abonos y semillas, comunidades de regantes, cooperativas, talleres y concesionarios de maquinaria, a quienes se solicita el cierre de sus negocios durante la jornada de protesta. 

 

Desde la unidad de acción se resalta que la dimensión del sector agroganadero trasciende la producción estricta, siendo el motor de una potente industria agroalimentaria y de servicios esencial para la riqueza y el empleo en las cabeceras de comarca. Los datos aportados por las organizaciones cifran en 600 millones de euros la compra anual de insumos por parte del campo leonés, a los que se suman otros 130 millones dedicados a la amortización de maquinaria y naves agroganaderas.

 

La manifestación de este jueves partirá, a las 11:00 horas, desde el Estadio Reino de León. El recorrido atravesará el centro de la ciudad con dos paradas para trasladar sus reivindicaciones a las autoridades: la primera frente a la Subdelegación del Gobierno y la segunda ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

 

Las organizaciones convocantes sostienen que la viabilidad de la economía provincial está intrínsecamente ligada al éxito del campo, lo que justifica una defensa común contra amenazas como el acuerdo comercial firmado el pasado 17 de enero entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Aunque este pacto pretende crear la mayor área de libre comercio del mundo y ahorrar 4.000 millones de euros anuales en aranceles a las empresas exportadoras de maquinaria y coches, el colectivo agrario denuncia una desprotección flagrante de sus intereses.

 

No obstante, el proceso de ratificación se encuentra actualmente paralizado. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de enero una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a dudas sobre la legalidad de su arquitectura jurídica, cuestionando si el pilar comercial puede ser ratificado sin el filtro de los parlamentos nacionales. A esto se suman las preocupaciones sobre la soberanía ambiental y el temor a que el acuerdo debilite las normativas climáticas de la UE al no existir garantías suficientes contra la deforestación, una consulta judicial que podría retrasar la entrada en vigor del tratado entre uno y dos años.