El Gobierno movilizará 1.000 millones de euros para blindar el sector primario y la equidad en el medio rural

 

El documento se postula como un texto dinámico y "vivo" que garantiza el derecho a residir en el medio rural de forma digna. Con este fin, el Miteco ha establecido el Mecanismo de garantía rural, que obligará a que las futuras normativas estatales integren una perspectiva rural antes de su aprobación, evitando que las leyes diseñadas para entornos urbanos perjudiquen a los 'pequeños' municipios y comarcas.

 

El eje central de esta estrategia es la inyección de recursos financieros para dotar de servicios y oportunidades a la España interior. En el marco del fondo España Crece, que movilizará 120.000 millones de euros, el Miteco lanzará una línea específica de 1.000 millones de euros destinada exclusivamente al sector primario y al medio rural. Estos fondos, que combinan ayudas directas y financiación en condiciones favorables, se orientarán a la agricultura regenerativa, la ganadería extensiva, la gestión forestal activa y la eficiencia hídrica.

 

Acompañando a la dotación presupuestaria principal, el Ejecutivo ha ratificado una serie de actuaciones de ejecución inmediata que pretenden transformar la realidad operativa del entorno rural. En primer lugar, se ha dado luz verde a una partida de 20 millones de euros destinada específicamente a la movilidad rural sostenible, una medida que busca revertir la tendencia actual en la que el 85 % de los residentes en estas zonas no utiliza de forma habitual el transporte público; dicha iniciativa se verá reforzada por la implantación del plan País de 30 minutos, cuyo objetivo primordial es garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, pueda acceder a servicios esenciales en un tiempo máximo de media hora.

 

En el ámbito del fomento económico y la fijación de población, el presupuesto dirigido a las entidades locales experimentará un crecimiento sustancial hasta alcanzar los 80 millones de euros, lo que permitirá escalar el éxito de los más de 700 proyectos financiados desde el año 2022 y consolidar una estructura de apoyo robusta para el emprendimiento joven y la atracción de talento.

 

Finalmente, España afronta la fase de cobertura universal de conectividad tras haber consolidado ya un despliegue de banda ancha que alcanza al 82 % del territorio, una infraestructura crítica que se postula como la herramienta definitiva para integrar el teletrabajo y el nomadismo digital en las áreas más remotas de la geografía nacional.

 

La arquitectura de esta hoja de ruta se organiza en cinco pilares verticales y dos ejes transversales, coordinados desde la Secretaría General de Reto Demográfico. Los pilares incluyen la resiliencia climática, mediante el reconocimiento de los servicios ambientales y el empleo verde; la equidad en servicios, para asegurar condiciones de bienestar equivalentes; el dinamismo socioeconómico, a través de la creación de empleo de calidad; la igualdad e inclusión, fomentando el arraigo de jóvenes y mujeres; y la cultura, promoviendo una visión del medio rural contemporánea.

 

Bajo el objetivo de que estas actuaciones respondan a un conocimiento real del territorio, se articularán en torno a dos ejes. El primero se centra en ciencia, investigación y herramientas de conocimiento, constituyéndose como la base científica para generar un ecosistema de datos diseñado por y para el mundo rural. Toda esta información será de acceso público para permitir que las administraciones diseñen políticas más precisas.

 

El segundo de los ejes abarcará la gobernanza, la perspectiva rural y la planificación. En este caso se busca transformar la relación entre las administraciones mediante el refuerzo de la gobernanza multinivel, integrando la participación de los actores locales y dotando a los ayuntamientos de mayores capacidades técnicas para escalar sus proyectos. Asimismo, se creará el Observatorio de equidad territorial y reto demográfico, que monitorizará la evolución de cada territorio mediante indicadores precisos.

 

Consenso social y participación administrativa

El proceso administrativo de este marco estratégico se remonta a enero de 2025, momento en el que se activó una consulta pública previa que recabó cerca de dos centenares de propuestas procedentes de corporaciones locales, particulares y diversos colectivos vinculados al ecosistema rural. Esta fase inicial se vio reforzada mediante la organización de grupos de trabajo en el seno del Foro de Cohesión Territorial, el dictamen técnico de comités especializados y un diálogo multilateral con las autonomías a través de la Comisión Sectorial de Reto Demográfico. En aras de consolidar un documento con el máximo respaldo institucional, se abre ahora un segundo periodo de consulta pública para que administraciones, empresas, asociaciones y público en general remitan sus consideraciones finales antes de que el texto definitivo sea sometido a la ratificación del Consejo de Ministros.

 

La efectividad de las políticas aplicadas desde 2018 muestra un cambio de tendencia: los municipios de menos de 5.000 habitantes han ganado 437.000 habitantes en los últimos seis años. Asimismo, en el ámbito de la transición energética justa, el Miteco ya ha movilizado 5.000 millones de euros que han beneficiado a uno de cada cinco pueblos en riesgo demográfico.