Melgar de Abajo Saludable y Payuelo Libre (El Burgo Ranero) se suman a la querella penal contra la Junta por los proyectos de biogás

El conflicto social generado por la proliferación de plantas de biometano en la región alcanza una nueva dimensión jurídica. Un total de 20 asociaciones y plataformas ciudadanas, bajo el paraguas de 'Stop Biogás Castilla y León', presentarán de forma inminente una querella penal contra la Administración autonómica. A esta iniciativa judicial se han unido activamente los colectivos locales 'Melgar de Abajo Saludable' -Melgar de Abajo, Valladolid- y 'Payuelo Libre', de El Burgo Ranero, integrando así las reivindicaciones de la comarca en una causa que denuncia presuntas irregularidades en la gestión de las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. En la provincia de León también se han sumado las plataformas EslaVida (Vidanes), Arba León+Lodos No (Piedralba) y Biogás La Antigua. 

 

La acción legal se dirige específicamente contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, así como contra responsables de los servicios territoriales de Medio Ambiente. Según la representación jurídica de los colectivos, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística. Los denunciantes sostienen que la comunidad ha facilitado la tramitación de hasta 54 proyectos mediante "errores legales y técnicos", ignorando las alegaciones presentadas por los vecinos y dificultando el acceso a la información pública sobre estas instalaciones.

 

El eje de la querella se fundamenta en el presunto incumplimiento de la normativa medioambiental vigente. Las plataformas denuncian que muchos de estos proyectos carecen de planes de actuación ante posibles fugas o explosiones y que no se respeta la distancia mínima de 500 metros entre explotaciones, criterio que rige para el sector porcino. Asimismo, subrayan que las ‘megaplantas’ proyectadas no garantizan la procedencia de la materia prima en un radio de 15 kilómetros ni disponen de superficie suficiente en un radio de 30 kilómetros para gestionar el digestato resultante del proceso.

 

Con este paso a los tribunales, las asociaciones buscan frenar un modelo industrial que consideran una amenaza directa para la salud pública y el equilibrio del entorno rural.