La Ley de multirreincidencia cambia el tratamiento penal de los hurtos en explotaciones agrarias y ganaderas

La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, ya está en vigor. La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar una respuesta más clara a la delincuencia reiterada y, entre otros cambios, introduce novedades de incidencia directa en el medio rural y en la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Uno de los cambios más relevantes para el campo figura en el artículo 235.1.4 del Código Penal. Desde ahora, el hurto de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, tendrá la consideración de tipo agravado cuando el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y el valor de lo sustraído supere los 400 euros. 

 

El propio preámbulo de la ley justifica esta modificación por la reiteración de sustracciones de productos, herramientas y materiales indispensables para la actividad agraria, muchas veces de escaso valor de reventa, pero de elevado coste de reposición y gran perjuicio operativo para un sector esencial para el equilibrio territorial y la sostenibilidad del medio rural.

 

La reforma actúa también sobre los hurtos de menor cuantía. El nuevo artículo 234.2 mantiene como regla general la multa cuando lo sustraído no exceda de 400 euros, pero añade que, si el responsable acumula al menos tres condenas firmes por delitos de la misma naturaleza y una de ellas es leve, pasará a aplicarse la pena prevista en el apartado 1 de ese mismo artículo. La ley precisa además que los antecedentes por delitos leves no computarán a efectos de reincidencia salvo en los supuestos agravados por multirreincidencia de delitos leves, un ajuste que busca facilitar una respuesta penal más efectiva ante conductas reiteradas.

 

La norma incorpora además dos novedades de alcance institucional. Por una parte, añade un nuevo apartado 3 al artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las entidades locales puedan ejercer la acción penal por los delitos de hurto. Por otra, modifica los artículos 13 y 544 bis de esa misma ley para que los juzgados puedan adoptar desde las primeras fases del procedimiento medidas cautelares personales orientadas a proteger a la víctima o a evitar la reiteración delictiva, entre ellas la prohibición de residir o acudir a determinados lugares.

 

En el ámbito penal, la ley añade asimismo un nuevo apartado 3 al artículo 255 del Código Penal para sancionar de forma específica el fraude en el suministro de energía eléctrica cuando se cometa para abastecer instalaciones utilizadas para actividades de tráfico de drogas del artículo 368. En esos casos, la norma prevé pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses, cualquiera que sea la cuantía de la defraudación.

 

Desde la Organización Profesional Agraria Asaja, mayoritaria en la comarca de Sahagún, valoran positivamente estos cambios e incorporaciones “que responden a una reivindicación histórica del sector. Los robos de productos agrícolas, herramientas, maquinaria, gasóleo o instalaciones de riego tenían con frecuencia un escaso valor de reventa, pero un elevadísimo coste de reposición, y una incidencia directa en el normal desarrollo de las tareas de la explotación”, manifiestan a través de un comunicado.

 

“Las bandas organizadas y delincuentes habituales que han venido actuando en el medio rural han tenido plena conciencia de que las consecuencias jurídicas eran mínimas, con lo que han hecho de ello su medio de vida”, profundizan desde Asaja a la vez que ponen de relieve que, el castigo a la reincidencia, “junto al cerco a las redes de recaptación de lo robado, con controles sobre la venta de chatarra y material de segunda mano, son esenciales para que los profesionales del campo puedan trabajar y proteger su patrimonio”.

 

Como ya se ha dicho, la norma incorpora también medidas que afectan al medio rural en el ámbito del narcotráfico. El nuevo apartado 3 del artículo 255 del Código Penal penaliza específicamente el fraude en el suministro de energía eléctrica cuando se realiza con la finalidad de abastecer plantaciones de drogas, con penas de prisión de seis a dieciocho meses. “Para Asaja Castilla y León, esta medida contribuye a proteger la integridad del suelo rural y de las explotaciones legítimas, que en ocasiones se ven afectadas por la instalación clandestina de este tipo de actividades en terrenos agrícolas o en zonas rurales próximas”, sostiene la Organización Profesional Agraria.

 

“También hay que destacar que la norma introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal en los delitos de hurto. Esta medida tiene una incidencia especialmente relevante en el ámbito rural, donde los municipios -y una comunidad tan extensa como Castilla y León suma más de 2.200- son la primera administración que sufre las consecuencias de la delincuencia reiterada”, analiza Asaja.

 

Pese a los avances que incorpora la Ley Orgánica 1/2026, Asaja recuerda que la ley por sí sola no es suficiente. “La aplicación efectiva de esta reforma exige medios judiciales adecuados, una coordinación ágil entre Guardia Civil y órganos judiciales, y una respuesta policial reforzada en el ámbito rural. La organización profesional agraria continuará exigiendo a las instituciones competentes que doten a los cuerpos de seguridad del Estado de los recursos necesarios para que esta reforma no quede en papel mojado”.

 

Por último, Asaja advierte que las estadísticas oficiales no recogen la realidad, porque faltan hurtos no denunciados por los agricultores y ganaderos, bien sea por evitar los engorros que implica la reclamación, bien porque no tienen confianza en que se recupere lo sustraído. En todo caso, aconseja a todos los agricultores y ganaderos que denuncien estos hurtos, “porque es la única forma de dejar constancia de lo que ocurre y de que entre todos logremos mejorar la protección del campo y del medio rural”.