Salvar la memoria rural: los archiveros urgen a proteger el patrimonio documental frente al olvido

 

 

Un archivo es mucho más que un conjunto de estanterías con papeles viejos; es el testimonio material de los derechos e historias (buenas y malas) que han forjado a una comunidad. Lejos de ser depósitos inertes, estos legajos constituyen la prueba física de la soberanía vecinal, de los pleitos ganados y de la evolución de una identidad que, sin el soporte del papel, quedaría a merced del olvido. Por ello, la gestión moderna del patrimonio documental exige una labor de difusión que transforme la custodia en conocimiento vivo, devolviendo a los ciudadanos el acceso a su propia memoria colectiva.

 

Bajo esta premisa técnica y vocacional, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) ha desarrollado en Calzada del Coto una jornada de estudio que trasciende lo administrativo para convertirse en una reivindicación de la memoria rural. La iniciativa no solo buscaba catalogar el pasado, sino alertar sobre la necesidad de proteger estos agentes culturales dinámicos que, en el corazón de los pueblos, siguen siendo los guardianes más fieles de su idiosincrasia.

 

La delegación técnica contó con la participación de una decena de profesionales procedentes de la Diputación de León y de los archivos municipales de Palencia y Valladolid. Para la asociación, la jornada resultó excepcional por su carácter intergeneracional, reuniendo a profesionales de diversas edades que pusieron en común métodos de trabajo y perspectivas sobre la archivística actual.

 

El trabajo de identificación permitió localizar 12 cajas de documentos de extraordinario valor, con una cronología que arranca en el siglo XVI y alcanza los albores del siglo XX. En este acervo se custodian disposiciones normativas sobre tributos, legislación de la Nueva Recopilación y las respuestas generales del Catastro de Ensenada, pieza habitual en los archivos de la zona, pero siempre relevante.

 

Sin embargo, el hallazgo más significativo para la historia local es una serie de traslados, provisiones y cartas ejecutorias de la Real Chancillería de Valladolid. Estos documentos regulaban el aprovechamiento de los montes comunales entre Calzada y pueblos vecinos como Sahagún, reflejando siglos de organización territorial y vecinal. Este material, que se encuentra en buen estado, constituye el paso previo para la descripción detallada y la futura digitalización, un deseo expreso de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Calzada para garantizar su acceso público.

 

 

“Mientras todos los pueblos valoran hoy su arquitectura o sus costumbres, los documentos donde se refleja de forma material toda esa historia son, a menudo, los grandes olvidados. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español protege explícitamente estos fondos, pero la realidad en el medio rural es que muchos archivos se encuentran infradotados o directamente perdidos”, explica Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal de Valladolid y uno de los miembros de Acal que participó en la jornada de estudio en Calzada.

 

La desaparición del papel impuesta por la Unión Europea desde 2015 supuso un imperativo digital que llegó antes de que muchas administraciones locales hubieran tomado medidas para preservar su pasado. “Si sabes que lo que tienes es valioso, ya tienes el 90 % de la conservación”, sostiene el experto. “La protección del archivo no es una cuestión de grandes presupuestos, sino de empeño. El material de conservación es barato: una instalación seca, sin goteras y con una cerradura segura es suficiente para frenar el expolio y el deterioro”.

 

 

 

Desde Acal se lamenta la pérdida ingente de documentos en los últimos años debido a la falta de información. “Mientras que nuestros antepasados eran plenamente conscientes del valor de estos papeles para defender sus derechos, en tiempos recientes ese conocimiento se ha debilitado, permitiendo que en algunas localidades los documentos acaben, literalmente, 'rodando' por estancias inadecuadas, quemados, tirados a la basura”.

 

La intervención en Calzada del Coto pretende que el ejemplo cunda en toda la comunidad. “Se trata de entender que en un documento del siglo XVI reside la idiosincrasia de un pueblo y que las administraciones públicas son las responsables legales de su conservación y difusión contra la exportación y el expolio. Solo mediante la sensibilidad institucional se podrá evitar que la memoria de los pueblos desaparezca definitivamente”, subraya Pedruelo.

 

La Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) es una comunidad dinámica que reúne a más de 300 profesionales que se dedican a los archivos y gestión documental en diferentes áreas y administraciones. En 2025, la asociación puso en marcha un proyecto de acercamiento a los archivos de las administraciones locales precisamente para llamar la atención sobre la necesidad de su estudio y conservación. La de Calzada del Coto supone la segunda salida de este tipo tras la realizada en Quintanilla de Trigueros, Valladolid, en 2025.