El Tribunal Superior anula la tasa de basuras que la Diputación cobra a los pueblos de la provincia

Un varapalo judicial de calado sacude la gestión de residuos en la provincia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia que anula la tasa de basuras gestionada de manera directa por la Diputación de León tras la disolución del consorcio Gersul. El fallo deja en el aire la validez de los recibos emitidos e incluso los cobrados durante 2026 y ejercicios previos.

 

La noticia saltó por sorpresa durante el Pleno celebrado este miércoles en el Palacio de los Guzmanes. El equipo de Gobierno, formado por PSOE y UPL, admitió haber recibido la notificación hace escasas horas. Según la valoración del portavoz, Santiago Dorado, el Alto Tribunal fundamenta la nulidad en que la Institución provincial no justificó de forma suficiente la decisión de mantener el modelo de gestión en manos privadas sin valorar otras alternativas como la gestión pública, según publica en su edición de este miércoles iLeon.com.

 

 

 

Pese a la anulación de la ordenanza fiscal, desde el Gobierno provincial han remarcado que el Tribunal ha rechazado la mayoría de los argumentos presentados en la demanda original, que contaba con casi 1.000 páginas. Por ello, la institución ya ha anunciado la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al considerar que existen altas posibilidades de revertir la situación actual.

 

El presidente, Gerardo Álvarez Courel, ha hecho un llamamiento a la calma asegurando que el proceso se realizó con los informes técnicos pertinentes y por unanimidad. De momento, este paso judicial abre un periodo de incertidumbre mientras se tramita el nuevo concurso para el tratamiento de residuos en San Román de la Vega, servicio que afecta a 208 de los 211 municipios leoneses.

 

La sentencia añade una nueva complicación a la gestión de basuras, tras años de polémicas relacionadas con el extinto consorcio provincial. Se abre ahora un plazo de varios meses hasta que el Tribunal Supremo decida si admite el recurso, tiempo en el cual la ordenanza queda en una situación de provisionalidad técnica.