Confederación Hidrográfica del Duero autoriza el uso de agua a la macrogranja de cerdos de El Burgo Ranero a pesar del rechazo vecinal

 

 

El controvertido proyecto para la instalación de una granja intensiva de porcino en El Burgo Ranero ha salvado uno de sus escollos más determinantes. La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido la propuesta de resolución del expediente, abogando por otorgar la concesión de aguas subterráneas solicitada por la promotora Danakil Studios y Proyectos. El informe del organismo de cuenca avala la viabilidad técnica del aprovechamiento al dictaminar que la masa subterránea de la que saldrá el agua para la granja goza de un buen estado cuantitativo y que el volumen requerido no causará afecciones a otros usuarios con derechos preferentes en la zona.

 

La propuesta de concesión, que se otorga por un plazo de 30 años, autoriza la extracción de un volumen máximo anual de 29.762 metros cúbicos de agua. Este caudal se obtendrá a través de un sondeo de 100 metros de profundidad proyectado en el paraje de 'Las Mostaliegas' y servirá para cubrir las necesidades de una explotación ganadera de multiplicación orientada a 2.640 cerdas con lechones de hasta 20 kilos, 500 hembras de reposición y 6 verracos. 

 

El veredicto de CHD supone un jarro de agua fría para el denso frente institucional y vecinal que se había configurado en la comarca para frenar la granja. Durante la fase de información pública, el expediente recibió un aluvión de alegaciones suscritas por colectivos sociales, particulares, grupos políticos y hasta 8 juntas vecinales de la zona: Villamuñio, Reliegos, Las Grañeras, Santa Martas, Calzadilla de los Hermanillos, Villamizar, Villacintor y Villamarco. En esa oposición participó activamente el propio Consistorio de El Burgo Ranero, que mostró formalmente su rechazo ante los posibles riesgos medioambientales, el impacto de los malos olores y el menoscabo para la economía local y el turismo.

 

Los opositores alertaban de que una planta de estas dimensiones generará más de 28 millones de litros de purines al año (17.443 metros cúbicos), provocando una amenaza crítica de contaminación por nitratos y bacterias en el acuífero que abastece de agua potable a decenas de pueblos del sureste leonés, además de situarse a unos 750 metros de la Ruta Jacobea y sobre una calzada romana. Sin embargo, el Servicio Instructor ha desestimado en bloque estos argumentos, recordando que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ya dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable este año y que el resto de cuestiones sobre olores o patrimonio competen de forma exclusiva al Gobierno autónomo y al Ayuntamiento a través de las licencias de actividad.

 

Pese a encarrilar el otorgamiento del agua, la CHD ha rodeado la autorización de un estricto condicionado específico para intentar proteger el dominio público hidráulico. El texto prohíbe de manera taxativa el esparcimiento de purines sobre las zonas protegidas de abastecimiento humano subterráneo y obliga a excluir de este fertilizante ganadero las bandas de protección de 5 metros de cualquier río, arroyo o laguna. Asimismo, las balsas de almacenamiento de residuos de la granja deberán situarse a una distancia mínima de 100 metros de los humedales y a 200 metros en el caso de pozos o manantiales de consumo público. Para vigilar el subsuelo, la promotora vendrá obligada a instalar tres piezómetros de control (uno aguas arriba y dos aguas abajo del flujo natural) que servirán para realizar analíticas detalladas y detectar cualquier fuga en las instalaciones.

 

Los afectados tienen ahora 15 días para analizar el expediente y presentar, en su caso, alegaciones.