Culturales, de agricultores y ganaderos, de jubilados y pensionistas, deportivas, juveniles, de madres y padres, religiosas, micológicas, recreativas, taurinas, medioambientales, protectoras de animales, familiares, de pendoneros o de fiestas. La lista parece no tener fin y la pregunta surge casi de forma inevitable: ¿hay alguien que no pertenezca a alguna asociación?
Organizarse dentro de un marco legal para lograr un objetivo común se ha convertido en un gesto cotidiano, casi en una tradición más. Detrás de cada inscripción en el registro hay un grupo de vecinos que decide organizar una fiesta, recuperar una costumbre, cuidar un paisaje, conservar un pendón, proteger un patrimonio o, sencillamente, encontrar una excusa para seguir reuniéndose.
Los datos del Registro de Asociaciones de Castilla y León dibujan un mapa de una intensidad poco habitual en un territorio de poco más de una veintena de municipios como la comarca de Sahagún, donde figuran un total de 222 organizaciones. Una cifra que representa algo más del 3 % de las 6.575 entidades inscritas en toda la provincia de León.
El reparto, sin embargo, no es homogéneo. Sahagún concentra 79 colectivos, muy por delante del resto de municipios. Tras la cabecera comarcal aparecen Almanza, con 18 asociaciones, y El Burgo Ranero, con 17. Santa Cristina de Valmadrigal y Villazanzo de Valderaduey alcanzan las 12 entidades; Calzada del Coto y Cea cuentan con 11; y Joarilla de las Matas, con diez.
El mapa continúa con Grajal de Campos, que reúne ocho colectivos; Cebanico, Villaselán y Santa María del Monte de Cea, con siete cada uno; Bercianos del Real Camino y Villamol, con cinco; Villamartín de Don Sancho, con cuatro; Gordaliza del Pino y Vallecillo, con tres; Villamoratiel de las Matas, con dos; mientras que Castrotierra de Valmadrigal y Escobar de Campos cierran la estadística con una asociación registrada.
Más allá de la cifra, el dato revela una característica fundamental: el asociacionismo mira principalmente hacia dentro. De las entidades registradas, 140 tienen un ámbito estrictamente local, frente a 14 de carácter comarcal, 50 provinciales, 17 autonómicas y dos de alcance nacional con sede en Sahagún.
Los nuevos guardianes de la memoria y del territorio
Aunque las asociaciones festivas y recreativas siguen ocupando una parte esencial del tejido social de los pueblos, los colectivos culturales y de defensa del patrimonio se han convertido en uno de los grandes motores del asociacionismo rural en los últimos años.
Las cuatro incorporaciones más recientes al mapa asociativo reflejan, además, un cambio de sensibilidad. Por ejemplo, en Calzada del Coto ha nacido
Barro y Lumbre, una iniciativa impulsada por vecinos que busca recuperar la cultura local, poner en valor la memoria colectiva y visibilizar el papel que las mujeres han desempeñado históricamente en la construcción de los pueblos.
Su propio nombre es una declaración de intenciones. El barro representa la tierra, las raíces y la identidad de quienes nacieron y crecieron allí. La lumbre simboliza el hogar, el espacio de encuentro donde se compartían historias, saberes y recuerdos al calor del fuego.
Una filosofía similar, aunque con una mirada más amplia hacia la sostenibilidad y el medio ambiente, impulsa
Raíces Vivas Vacceas, un proyecto que conecta los municipios de Cea y Villamol a través de la recuperación de semillas tradicionales, la agricultura regenerativa, la protección de la biodiversidad y la puesta en valor del legado histórico del territorio vacceo.
A ellas se han sumado también las nuevas asociaciones de pendoneros de Sahagún y Calzadilla de los Hermanillos, nacidas con un objetivo común: conservar estos símbolos tradicionales y garantizar que continúen acompañando las celebraciones de las generaciones venideras.
Son proyectos distintos, pero todos comparten una misma idea: en los pueblos, la conservación del patrimonio ya no se limita a guardar recuerdos, sino que busca convertir la memoria en una herramienta de futuro.
Un derecho conquistado a lo largo de más de un siglo
La facilidad actual para crear una asociación contrasta con las dificultades que existieron durante buena parte de la historia contemporánea española.
Durante el siglo XIX, los gobiernos liberales observaron con recelo la organización ciudadana y el derecho de asociación no fue reconocido de manera expresa hasta la Constitución de 1869. Más tarde, la dictadura franquista mantuvo un férreo control sobre las organizaciones ciudadanas y no fue hasta la Constitución de 1978 cuando la libertad de asociación quedó plenamente garantizada.
La actual Ley Orgánica de 2002 terminó de simplificar el procedimiento y estableció que basta la voluntad de tres personas para constituir legalmente una asociación.
Un censo con letra pequeña
Sin embargo, las 222 asociaciones registradas deben interpretarse con cierta cautela. El censo oficial tiene un importante componente histórico, ya que, con la entrada en vigor de la ley de 2002, esa Administración incorporó de oficio entidades que figuraban inscritas desde décadas anteriores.
Como el Gobierno regional no puede dar de baja una asociación de manera unilateral y únicamente sus propios miembros pueden acordar su disolución, el registro funciona en gran medida como un archivo acumulativo donde conviven colectivos que llevan años sin actividad con otros que siguen organizando eventos, movilizando voluntarios y manteniendo abiertas las puertas de la vida social de los pueblos.
Y quizá ahí reside la verdadera medida del asociacionismo rural: no en el número de sellos registrados, sino en las personas que continúan dedicando horas de forma desinteresada a preparar una fiesta, limpiar un camino, levantar un pendón, organizar una charla o rescatar una historia que estaba a punto de desaparecer.
Porque en los pueblos del sureste leonés, muchas veces, seguir reuniéndose también es una manera de resistir.
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