Comprar una casa, mantener abierta una explotación o encontrar a quien tome el relevo de un negocio también tiene una parte que se juega en los impuestos. Con una mirada hacia los pueblos, la Junta de Castilla y León ha presentado este martes su paquete fiscal para 2027, que incorpora nuevas ventajas para quienes viven o desarrollan su actividad en el medio rural. El cambio más amplio afecta al propio perímetro de estas medidas: los beneficios fiscales vinculados al medio rural se extenderán a municipios de hasta 20.000 habitantes, frente al límite actual de 10.000. Según la Junta, la modificación permitirá que estas ventajas alcancen al 97 % de los municipios de la comunidad.
La vivienda concentra así buena parte de las novedades. La Junta prevé eliminar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados en determinadas operaciones de adquisición de la primera vivienda habitual en el medio rural para residentes, sin límite de edad. La medida se suma a otros incentivos dirigidos a facilitar el acceso a una casa y a poner en circulación viviendas que ahora permanecen cerradas.
Para los jóvenes que alquilen en pueblos, la deducción en el IRPF aumentará del 25 % al 27 %. También crecerá el incentivo para rehabilitar viviendas rurales destinadas posteriormente a un alquiler asequible, que pasará del 15 % al 17 %. A ello se añadirá una deducción de hasta 600 euros al año para los propietarios que incorporen viviendas vacías al mercado del alquiler, siempre que cumplan las condiciones fijadas por la Junta. En el medio rural, la renta máxima será de 500 euros mensuales.
Más hijos, más deducción
La fiscalidad rural incorporará también un refuerzo de las ayudas vinculadas al nacimiento o la adopción. Las deducciones aumentarán un 40 %, hasta situarse en 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 por el segundo y 3.360 por el tercero y siguientes. Cuando el menor tenga una discapacidad reconocida de al menos el 33 %, estas cantidades se duplicarán. La Junta plantea además nuevos incrementos de las deducciones a lo largo de la legislatura.
La reforma también pone el foco en la continuidad de las explotaciones agrarias. La reducción del 99 % en el Impuesto sobre Sucesiones para la adquisición de explotaciones agrarias prioritarias se ampliará a determinados familiares y a trabajadores asalariados de la propia explotación que cumplan los requisitos establecidos.
También se contempla una rebaja del tipo de Transmisiones Patrimoniales, del 8 % al 7 %, para determinadas operaciones de agrupación de parcelas realizadas por agricultores que posean terrenos adyacentes.
El relevo generacional de los autónomos contará con otra vía de alivio fiscal. La adquisición de inmuebles vinculados al negocio dentro del programa Relevacyl verá reducido el tipo de Transmisiones Patrimoniales del 8 % al 7 % y el de Actos Jurídicos Documentados del 1,5 % al 1 %. La Junta plantea continuar reduciendo ambos porcentajes durante la legislatura.
En conjunto, el Gobierno autonómico ha anunciado 36 nuevas rebajas tributarias que, sumadas a las ya existentes, supondrán según sus cálculos un ahorro de 920 millones de euros para los contribuyentes de Castilla y León en 2027.
La cifra es autonómica, pero una parte del nuevo paquete mira directamente a una cuestión mucho más cercana: qué facilidades encuentra una familia para quedarse, alguien para abrir o continuar un negocio y un agricultor para mantener unido el terreno y transmitir su explotación. En los pueblos, esas decisiones fiscales terminan teniendo una traducción bastante más tangible que una cifra en una cuenta pública.
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