A propósito de F-Mérides

Esta sección es como una clase de historia un poco caótica y enloquecida porque hay que saltar constantemente en el tiempo a lo largo de casi tres siglos. De todas formas hay momentos históricos que se repiten o que tienen una relectura de rabiosa actualidad, me refiero a las desamortizaciones. Cuando el Estado está endeudado, la manera más sencilla de refinanciarse es vendiendo unos bienes que pasan a tu poder sin ser de tu propiedad. La fórmula se había ensayado tímidamente en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, impulsada con entusiasmo por los ilustrados liberales Olavide y Jovellanos en 1766. Bajo el reinado de Carlos IV, la desamortización de Godoy, en 1798, expropió los bienes de los Jesuitas, en un primer ensayo de las desamortizaciones posteriores.

En el siglo XIX hubo una primera gran desamortización, la de Mendizábal, que expropió parte de los bienes de la Iglesia, denominados de ‘manos muertas’ para destacar su carácter improductivo y ocioso. La orden que la hacía pública destacaba la pretensión de dinamizar con ella la actividad económica de los sectores más desfavorecidos. En Sahagún quienes pudieron pujar por las propiedades subastadas (Font, Flórez, Corral, Arias...) no eran precisamente las familias desfavorecidas. Con esta desamortización se dibujó el mapa del latifundismo en España.

Posteriormente Madoz, en 1855, inició una segunda desamortización, mucho más rentable en términos económicos, en la que quedó claro el principio liberal de la primacía del mercado sobre el interés general y de la que no se salvó nadie. Continuó liquidando bienes eclesiásticos, pero también los bienes municipales, comunales, escolares, de beneficencia... liquidación que acabó bien entrado el siglo XX, concretamente en 1924. De lo desamortizado (el 25% del territorio nacional) el 30% pertenecía a la Iglesia, el 20% a la beneficencia y el 50% restante a las propiedades municipales, especialmente de los pueblos. Las tierras comunales que completaban la escuálida economía campesina con el uso de sus pastos, frutos y leñas fueron subastadas.  El efecto de la desamortización supuso también el fin de una forma de vida que empujó a miles de habitantes del mundo rural a la emigrar a las grandes ciudades o a intentar hacer las Américas. 

En nuestros días vivimos una tercera desamortización, iniciada en los años ochenta por Felipe González, con el desmantelamiento de las grandes empresas públicas (altos hornos, industria naval...). Posteriormente se entregaron las cajas de ahorros a la banca privada, cajas que representaban la única herramienta crediticia que tenía como misión la ayuda al ciudadano más humilde y la promoción de regiones deprimidas, gracias a no repartir dividendos y dedicar una considerable ratio de sus ganancias a obras sociales. Finalmente hemos acabado pagando la cuenta de la orgía y el derroche de los delincuentes de cuello blanco.

Los gobiernos posteriores, y especialmente el actual, profundizan en la liquidación de lo público acelerando la salida al mercado de los bienes (grandes empresas de titularidad pública como Iberia o Telefónica y un patrimonio cada vez más menguado) espacios (ley de costas, espacios naturales, bosques y pastos de uso comunal…) derechos (sociales, laborales…) y servicios públicos (salud, educación, justicia, seguridad…) construidos con el esfuerzo de toda la población, lo que significa que la propiedad social es sustraída por el gobierno que la vende a bajo precio al capital privado. La ilustración de El Roto publicada en 'El País' no puede ser más elocuente.

Lo estamos viendo con la reciente legislación dirigida a suprimir la autonomía local, vaciando de competencias a los municipios pequeños y otras entidades menores, dando a las diputaciones provinciales plenos poderes para decidir los usos y la titularidad de bienes comunales que hasta ahora gestionaban los propios vecinos a través de las juntas vecinales. Estamos hablando de cuatro millones de hectáreas de bosques y pastos, el 8% de la superficie de España.

Mientras los gobernantes insisten en que ven la luz al final del túnel, el pueblo llano se echa las manos a la cabeza, convencido de que se trata de otro tren que viene de frente. Hemos asistido impertérritos a la liquidación del estado del bienestar y para recuperar lo perdido hay que construir un estado de bienluchar, no hay otra.