Almanza: primer Ayuntamiento de la comarca en implantar el pago de impuestos a través de Internet

La Consejería de Hacienda ha intensificado su apuesta por la calidad de los servicios tributarios en los últimos años, con el fin de mejorar su gestión y acercar la Junta a los ciudadanos. Dentro de esta estrategia en 2004 se creó la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), que hace posible el pago de los tributos a través de Internet.

Castilla y León ha sido pionera en la implantación de esta ‘ventanilla sin papeles’, que contribuye a que el Ejecutivo regional sea más transparente y eficaz. Ahora bien, su principal ventaja es que ahorra tiempo y dinero a los contribuyentes, puesto que evita que tengan que desplazarse en persona tanto a las oficinas administrativas para presentar sus autoliquidaciones, como a las entidades financieras para efectuar los pagos. Además la OVIA permite hacer trámites las 24 horas de los 365 días del año.

El uso de esta tecnología por parte de los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad no conlleva contraprestación económica alguna, puesto que la Consejería de Hacienda les facilita gratuitamente la utilización de su plataforma informática como pasarela de pago y además les aporta el asesoramiento técnico necesario.

Para beneficiarse de la OVIA basta con que el contribuyente acceda al servicio a través de los portales virtuales de los ayuntamientos o de las páginas web que designen. De este modo el ciudadano o el asesor fiscal que le represente puede pagar los impuestos locales sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Institución, algo especialmente atractivo para los habitantes del medio rural.

Este servicio, por otra parte, reduce los tiempos de tramitación y facilita el cumplimiento de los deberes tributarios, a lo que se suma la posibilidad de consultar transacciones y obtener justificantes en todo momento.

El Gobierno autonómico no solo ofrece la posibilidad de pagar impuestos telemáticamente, sino que desde su sede electrónica (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) se pueden gestionar alrededor de un millar de procedimientos administrativos, 85 de ellos de forma completa y el resto en una o varias de sus fases. Para acceder a las 978 gestiones y servicios más comunes, a los que se irán incorporando más en el futuro, basta con disponer de firma digital o DNI-e, imprescindibles para acreditar la identidad de los usuarios.

El objetivo de mejorar la atención a ciudadanos y empresas, ahorrar costes, aumentar la eficacia del servicio público y avanzar en transparencia recibió un fuerte impulso el pasado 12 de febrero, con la aprobación del Decreto de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Esta regulación proporciona la cobertura legal necesaria para que, de forma prácticamente automática, cualquier procedimiento administrativo en papel pueda convertirse en telemático.

Para ello el departamento que dirige Pilar del Olmo ha desarrollado una herramienta informática –el llamado ‘tramitador de expedientes’– que todas las áreas de la Junta deberán utilizar como base. Con ello se agilizará la puesta en marcha de nuevos servicios por Internet y, en cuando estén operativos, se simplificará la gestión y se reducirán los plazos de resolución.

Paralelamente, se han regulado todas las herramientas que intervienen en la teletramitación de un procedimiento, desde su inicio hasta su finalización. Así, se han establecido las características del Registro Electrónico, que es la primera instancia en la que se recibe cualquier solicitud o comunicación; del Tablón de Anuncios Electrónico, que podrá complementar o sustituir a los tradicionales, y de las notificaciones oficiales, que a partir de ahora podrán recibirse por Internet. Por otra parte, se han determinado las condiciones de validez y eficacia de los expedientes y documentos digitales que emite el Gobierno autonómico; se ha fijado la obligatoriedad de conservarlos en el Depósito de Originales Electrónicos de la Administración, y se ha reconocido el derecho a obtener copias cuando se es parte interesada.

La última gran novedad del texto legislativo es que da un periodo transitorio de algo más de un año para que el conjunto de unidades y departamentos del Gobierno de Castilla y León, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se relacionen entre sí por medios electrónicos. Es decir, que a partir del 31 de marzo de 2014 se suprime el papel en las comunicaciones internas de la Junta, medida que es coherente con la apuesta del Ejecutivo por la eficiencia y la austeridad en el gasto.