A las dos de la mañana, 'toque de queda' para todo tipo de ocio nocturno. Una y media de la mañana, última hora en la que los clientes podrán entrar en los locales. Así lo ha anunciado esta mañana la Junta de Castilla y León como medida preventiva contra la incidencia del coronavirus en la comunidad, una medida que según explicó podría entrar en vigor el próximo lunes tres de agosto como muy tarde, si no antes.
En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el portavoz y vicepresidente Francisco Igea desveló que se trata de una decisión que se ha adoptado ya, y no precisamente porque en Castilla y León haya una alta incidencia del número de rebrotes vinculada a la noche, sino porque así ocurre en algunas otras comunidades. "Aprendamos de lo que ocurre alrededor", resumió.
Ante preguntas de los periodistas, Igea puso como plazo para la publicación de esta medida tan temida por el empresariado hostelero dentro de "las próximas 48 o 72 horas", es decir, dos y tres días, y hay que tener en cuenta que su entrada en vigor será efectiva al día siguiente.
De este modo, la comunidad adopta una medida restrictiva en el mismo sentido que otras comunidades limítrofes a Castilla y León, a pesar de que admitirse que se toma en consideración no la incidencia de la enfermedad en este entorno en ninguna de las nueve provincias sino "en conjunto" en España, donde "hay muchos brotes en el ocio nocturno".
El propio Igea ya había criticado, aunque sin aclarar si se sancionaría, el modo en el que un determinado pub nocturno de la Plaza Mayor de León celebró una fiesta masiva y sin apenas protección la misma madrugada en la que León entraba en la llamada 'nueva normalidad'.
Test en residencias
La Gerencia Regional de Salud peinará los centros residenciales de personas mayores de la comunidad, tanto públicos como privados, para evaluar la situación y evitar cualquier tipo de rebrote. Así, lo avanzó hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien precisó que la medida atañe tanto a usuarios como trabajadores del centro, y se seguirá el protocolo habitual.
Así, primero se someterá al colectivo a la prueba de los anticuerpos COVID-19 IgM e IgG, que sirve para el diagnóstico rápido. En caso de que dieran positivo, se les sometería a pruebas PCR.
La estrategia se dirige sólo a los trabajadores y usuarios que no han pasado la enfermedad. Los test los realizarán profesionales de los equipos de enfermería de Atención Primaria, y las residencias que cuenten con personal propio recibirán el material para que sean ellos quienes hagan las pruebas. Además, se someterá a PCR a todo el personal de nueva incorporación y a aquel que haya estado fuera del centro residencial durante al menos 15 días.
La consejera, que defendió los datos de incidencia de la enfermedad de los últimos días en comparación con la media de España, explicó que la situación actual se debe al trabajo de los profesiones de vigilancia epidemiológica y a los rastreadores que se elevan ya a 593, cifra que "probablemente aumentará" en algunas zonas básicas de salud donde están aumentando los casos.
En este punto, Casado recordó que la comunidad se encuentra por encima de las recomendaciones del Ministerio, un rastreador por cada 5.000 habitantes, lo que indica que tendría que contar con, al menos, 462. Esto quiere decir que cuenta con 131 rastreadores por encima del mínimo exigido.
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