La Junta no descarta el confinamiento domiciliario si la evolución del COVID-19 no se contiene

 

La Junta de Castilla y León se sitúa ya en un escenario de confinamiento domiciliario, en el que se mantendrían tan sólo los servicios esenciales, si las cifras de positivos y de ocupación hospitalaria no mejoran en un plazo de 10 días, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno autonómico a elDiario.es. Por el momento, la Junta optará por mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 al que se suma ahora el cierre perimetral de toda la comunidad desde este viernes y hasta el nueve de noviembre.

 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya se pronunció en este sentido en una videoconferencia con la Universidad San Pablo Ceu este miércoles. "Es una tontería considerar que no vamos a ir a un confinamiento porque es la única medida que se ha demostrado útil", explicó. Casado apuntó además a que "probablemente tenga que ser, como se está diciendo en otros países, un confinamiento programado". Este tipo de confinamientos se caracterizan por tomarse por espacios cortos, de dos semanas y preferiblemente en periodos festivos o vacacionales.

 

"Nosotros ahora mismo tenemos una serie de medidas. Evidentemente habrá que darles un poco de tiempo para ver si funcionan, pero muy poquito", advirtió la consejera. Pero, para llegar a un confinamiento total es necesario que el Gobierno de España dicte un nuevo decreto de Estado de Alarma, algo que pedirá la Junta. El actual tan sólo habilita a las comunidades para cierres perimetrales de siete días como mínimo, y para toques de queda que oscilen entre las diez de la noche como hora más temprana y las siete de la mañana como la más tardía.

 

Los miembros del comité de expertos de Castilla y León ya habían advertido un día antes de que los cierres perimetrales han resultado ser ineficaces por la cantidad de excepciones que contemplan, desde el cuidado de menores, dependientes, o mayores enfermos, a los desplazamientos por motivos de estudios, médicos o laborales. A ello se suma ahora la dificultad de establecer controles en la comunidad más extensa de España.