Almanza dispondrá este año de una tercera vivienda en régimen de alquiler social

 

La Junta de Castilla y León, a través del programa Rehabitare, ha concedido una subvención de 48.000 euros al Ayuntamiento de Almanza para restaurar una vivienda municipal que, una vez habitable, se incorporará al Parque Público de Vivienda de Castilla y León para ofrecerla en régimen de alquiler social.

 

Con esta, serán tres el número de viviendas sociales que tenga Almanza, ya incluida hace tres años en el mismo programa fruto del cual se restauraron dos apartamentos en la zona centro del pueblo, donde también radica la tercera. 

 

Según explica el alcalde de Almanza, Javier Santiago, la casa fue adquirida el año pasado por el Ayuntamiento (36.000 euros) y la idea es, dadas sus dimensiones, dividirla en tres inmuebles. “La última ayuda de la Junta se está destinando a rehabilitar la planta baja, que estará lista en un mes porque las obras ya están en marcha. En paralelo, el Ayuntamiento, con fondos propios (10.000 euros) ha acometido el arreglo del tejado, paredes, suelos de la segunda planta... A ver si el año que viene, con unos 50.000 euros más, podemos desdoblar y hacer dos viviendas ahí”, adelanta el regidor.

 

No obstante, el Ayuntamiento se mantiene a la espera del visto bueno de Servicios Sociales, organismo al que se ha solicitado emplear la segunda planta de la vivienda como centro de acogida para menores, “con capacidad para 10 chavales”. “En el caso de no salir este proyecto serían otras dos viviendas sociales. Demanda hay; ya tenemos cuatro interesados para la que está en obras”, explica Santiago.      

 

El programa Rehabitare, desarrollado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, consiste en rehabilitar viviendas propiedad de los ayuntamientos que se encuentran en desuso y posteriormente ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas con dificultades de acceso a la vivienda por razones económicas. Las viviendas se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes, evitando el deterioro del patrimonio municipal y mejorando la estética urbana.

 

Una vez rehabilitadas, las viviendas se incorporan al Parque Público de Vivienda de Castilla y León para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Son los respectivos ayuntamientos los que determinan el precio del alquiler, que no puede exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León.